Avances, Desafíos y Esperanzas

1. Antecedentes

Durante muchos años, Guatemala careció de un sistema formal, gratuito y con validez jurídica para certificar la discapacidad de forma estandarizada. Esto limitó el acceso a derechos, la planificación basada en datos y la implementación de políticas públicas inclusivas.

En 2016, la diputada Sandra Morán impulsó en el Congreso de la República la Iniciativa 5463, que sentó las bases para una transformación profunda del enfoque estatal hacia la discapacidad. Esta iniciativa subrayó la necesidad urgente de contar con estadísticas e información idónea y oportuna que permitieran planificar, coordinar y ejecutar programas y políticas de apoyo a las personas con discapacidad.

Paralelamente, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) emitió el Acuerdo Ministerial 219-2019, creando un marco normativo para el Sistema Nacional de Certificación de la Discapacidad. Este acuerdo estableció la figura de la Certificación Única de Discapacidad, con el objetivo de reconocer de forma oficial y técnica el grado de discapacidad de una persona, con base en evaluaciones profesionales. Este proceso sería implementado paulatinamente, iniciando con clínicas piloto en el Hospital Roosevelt (adultos) y el Hospital Nacional de Rehabilitación (niños).

El Acuerdo también creó una Comisión Técnica integrada por el Programa de Discapacidad, la Coordinación de Hospitales y el Sistema de Información Gerencial en Salud (anteriormente denominado SIGSA, actualmente Dirección de Tecnologías de Información -DTI-), encargada de desarrollar los protocolos, manuales, lineamientos y la selección de las Juntas Evaluadoras interdisciplinarias.

Este trabajo multisectorial involucró al CONADI, IGSS, CADEG y el Congreso de la República, y responde a compromisos adquiridos con la OPS/OMS y las agencias de Naciones Unidas en el marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).

En 2022, el MSPAS emitió el Acuerdo Ministerial 214-2022, que profundizó en la implementación operativa del sistema y permitió avanzar en definiciones técnicas más específicas, afianzando el camino hacia un sistema nacional con enfoque biopsicosocial.

Finalmente, en febrero de 2024, el Congreso aprobó el Decreto 6-2024: Ley de Certificación Biopsicosocial de la Discapacidad, que institucionaliza y vuelve obligatorio este proceso, colocando a Guatemala en sintonía con estándares internacionales de derechos humanos y salud pública.

2. Marco Teórico

La ley y su implementación se basan en el enfoque biopsicosocial de la discapacidad, reconocido por la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) de la OMS.

Este enfoque integra tres dimensiones fundamentales:

Biológica: el estado físico o médico de la persona.
Psicológica: las funciones mentales y emocionales.
Social: el entorno, las barreras y facilitadores que afectan la participación plena.

A diferencia del modelo exclusivamente médico o asistencialista, este modelo reconoce que la discapacidad no reside en la persona, sino en la interacción entre sus condiciones y las barreras del entorno. Esta visión promueve derechos, no lástima; justicia, no caridad.

3. Fases del proceso en Guatemala

El desarrollo del Sistema Nacional de Certificación Biopsicosocial ha seguido varias etapas:

a. Fase inicial (2016–2019)

Presentación de la Iniciativa 5463 por la diputada Sandra Morán.
Emisión del Acuerdo Ministerial 219-2019.
Integración de la Comisión Técnica Multisectorial.
Inicio de pilotos en clínicas hospitalarias.

b. Fase normativa y técnica (2020–2023)

Desarrollo de protocolos, manuales y criterios técnicos.
Coordinación con RENAP para integrar datos al DPI.
Avances en interoperabilidad con SIGSA.
Aprobación del Acuerdo Ministerial 214-2022.
Elaboración del prototipo funcional del sistema informático
Formación y capacitación de profesionales en juntas evaluadoras

c. Fase de institucionalización (2024)

Aprobación del Decreto 6-2024.
Integración del CONADI como ente rector del monitoreo y articulación.
Inclusión de juntas evaluadoras interdisciplinarias (médico, psicólogo, trabajador social).
Elaboración del sistema informático definitivo

4. ¿Por qué es necesaria la certificación en Guatemala?

La Certificación Biopsicosocial de la Discapacidad no es un simple documento médico. Su existencia responde a múltiples necesidades estructurales:

Permite acceder a derechos: salud, educación, trabajo, transporte y programas sociales que deberán ser materializados en las acciones y programas que desarrollaran las instituciones que conforman el Gabinete Específico de Desarrollo Social -GEDS-, liderado por la Vicepresidencia de la República. Este componente es quizá el más complejo y demandante, pues las instituciones requieren de muchos datos tales como conocer el volumen de la población, su ubicación espacial, las barreras arquitectónicas, actitudinales, económicas y sociales e institucionales que enfretan las personas con discapacidad para poder elaborar estrategias de atención y programas para atender a las personas con discapcidad.
Garantiza reconocimiento jurídico: protege a la persona frente a actos discriminatorios o exclusiones administrativas. Al existir un marco normativo, las personas con discapacidad pueden hacer valer sus derechos, claro que esto es un proceso que tomará considerable tiempo en llegar a ser realmente efectivo.
Mejora la calidad de los datos: habilita al Estado a planificar y presupuestar con base en información real y desagregada.
Fomenta la inclusión efectiva: alinea al país con los principios de la CDPD y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Para muchas personas con discapacidad, especialmente en áreas rurales, la ausencia de un documento válido de certificación ha significado una exclusión permanente del sistema público, limitando sus oportunidades de desarrollo humano y acceso a beneficios.

5. Retos y oportunidades

Retos:

Débil capacidad instalada en hospitales y centros comunitarios.
Falta de presupuesto específico asignado para la implementación en 2025.
Necesidad de sensibilización del personal técnico y la ciudadanía.
Riesgo de centralización excesiva en la ciudad capital y la red hospitalaria
Adecuaciones en la infraestructura hospitalaria para atender en condiciones de dignidad y eficiencia a las personas con discapacidad.

Oportunidades:

Uso de tecnologías para evaluación en zonas rurales.
Alianzas con universidades y sociedad civil para capacitación.
Mejora de políticas públicas basadas en evidencia.
Mayor visibilidad del colectivo de personas con discapacidad ante el Estado.

6. Conclusión

La certificación biopsicosocial no es un privilegio, es un derecho. Su implementación no solo fortalece la justicia social, sino que mejora la gestión pública, optimiza los recursos del Estado y posiciona a Guatemala en la ruta de la inclusión real.

Desde la Asociación Nacional de Ciegos de Guatemala (ANCG), celebramos este avance, pero también hacemos un llamado a la acción y la vigilancia ciudadana para que la ley no se quede en el papel. Necesitamos que cada compromiso asumido se convierta en realidad vivida.